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El debate público limitado
El debate público limitado: Amnistía Internacional da cuenta del efecto
disciplinador de los ataques en Twitter Argentina.
Amnistía
Internacional realizó el primer relevamiento sistemático de agresiones y
amenazas a la libertad de expresión en Twitter Argentina. La organización
publicó un informe a través del cual analiza y da cuenta de los efectos del
acoso a las voces disidentes. Según el informe “El debate público limitado. Trolling y agresiones a
la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter
Argentina” el trolling (ciberataques) y las agresiones,
específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, tienen el
propósito no sólo de descalificar a referentes sino también de funcionar como
un dispositivo de disciplinamiento y autocensura.
“El ataque a posiciones críticas amenaza la libre circulación de información,
ideas y opiniones y viola la libertad de expresión. En el último año,
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo hemos manifestado
preocupación acerca de los ciberataques. Esta tendencia merece una atención
mayor en el marco del uso creciente de las redes sociales como espacios de
información y debate público”, señaló Mariela
Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El relevamiento constata que hay una significativa actividad concertada de
agresiones que se produce cuando los periodistas o defensores de derechos
humanos difunden críticas o posiciones que incomodan al gobierno nacional.
Cómo es el estudio
Amnistía Internacional Argentina realizó un estudio sobre ciberataques contra
once personas (nueve reconocidos periodistas y dos activistas por los derechos
humanos -DDHH-) de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas.
Se analizó un volumen importante de tweets (354.000) correspondiente al lapso
del 22 de octubre de 2017 al 14 de noviembre de 2017. En este período la agenda
pública de la Argentina estaba concentrada en diversos temas de DDHH y
justicia.
Así funcionan los ataques
El método utilizado para los ataques combina la acción de cuentas personales de
referentes políticos, trolls (cuentas
cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas
en sus interacciones) y seguidores regulares.
En algunos de los casos que el informe documenta, los voceros oficiosos, los
formales y los informales, difundieron información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos
humanos y periodistas. El objetivo de las
cibertropas es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la
opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de
opiniones críticas.
Otras tendencias que dan cuenta de presencia y ataques de cibertropas:
- Las cuentas más activas -que más tweets
generaron- en el período muestran una fuerte
presencia de anónimos y trolls.
- Hay un cruce
coincidente entre los atacantes y los referentes (periodistas y
defensores de DDHH) analizados durante el recorte temporal del informe.
Así, por ejemplo, quien agrede lo hace hacia varias de las personalidades
analizadas.
- Son más de 100 las cuentas cuyos nombres
de usuarios corresponden a una serie alfanuméricay
que tienen participación en las actividades de inhibición de periodistas y
defensores de DDHH en el lapso relevado.
“Las redes sociales son espacios para el debate público. Tienen un rol
fundamental en el fortalecimiento de las prácticas democráticas y el respeto
por los derechos humanos. Las empresas que llevan adelante esas plataformas no
pueden ser evaluadas sólo en términos comerciales sino que también deben ser
monitoreadas en función de cómo protegen la libertad de expresión. A su vez es
importante que el Estado tenga una actitud proactiva y transparente en relación
con la protección de las voces de los ciudadanos”, indicó Belski.
Amnistía Internacional pide tanto al Estado como a las empresas de redes
sociales digitales que sugieran y/o incorporen herramientas de detección y
protección frente a este tipo de prácticas. Además sugiere que mejoren los
canales de denuncia y las normas de uso para evitar la manipulación o el
cercenamiento de derechos vía ataques de cibertropas.
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